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Miércoles, 07 Febrero 2018 00:00

Linda Loaiza reitera ante CorteIDH la responsabilidad del Estado por su tortura y esclavitud sexual

 
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Linda Loaiza reitera ante CorteIDH la responsabilidad del Estado por su tortura y esclavitud sexual Foto CIDH | Archivo

Inacción, indiferencia y responsabilidad ante la tortura y esclavitud fueron algunas de las acusaciones contra el Estado venezolano.

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En lo que constituyó el primer caso de una venezolana víctima de violencia de género, presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Linda Loaiza denunció la violencia sexual y tortura de la que fue víctima hace 17 años en su país, y sobre cómo sus derechos fueron violados por el proceso judicial plagado de irregularidades, revictimización y estereotipos de género, reseñó la ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés).

“Soy el reflejo de la violencia física, sexual y sicológica que enfrentamos las mujeres. Yo estoy aquí para alzar mi voz, que es la voz de muchas mujeres de Venezuela y de Latinoamérica que no han podido reclamar justicia por las violaciones de sus derechos”, indicó Linda. “Creo que aquí, en el tribunal interamericano, me darán la justicia que me fue negada en Venezuela: una justicia equitativa”.

El 27 de marzo de 2001, cuando tenía 18 años de edad, Loaiza fue privada de su libertad. Durante su cautiverio, fue abusada sexualmente, golpeada y amenazada de muerte. Después de más de tres meses, el 19 de julio, Loaiza logró escapar. A pesar de que su cuerpo presentaba indicios de que había sido torturada, fue revictimizada a través de un proceso judicial que estuvo plagado de irregularidades y estereotipos de género.

“El hecho de ser escuchada ante un tribunal internacional de derechos humanos ha sido un acto reparador para Linda”, expresó Elsa Meany, abogada titular del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil. “La corte puede avanzar aún más con este proceso de reparación al emitir una decisión que ordene al Estado venezolano a reconocer la problemática de violencia basada en género, y tomar medidas para garantizar la no repetición de hechos similares”.

Valentía, resiliencia y persistencia 

El caso de Linda es emblemático, ilustrativo de la violencia institucional y revictimización que viven las mujeres en Venezuela. De acuerdo con un informe del Comité de la ONU sobre discriminación de género emitido en el año 2014, la violencia contra de las mujeres y niñas “es generalizada y está en aumento”.

 
 

Según el Informe Anual del Ministerio Público de 2014, de las 70 mil 763 denuncias de violencia contra la mujer, sólo 0,7% han llegado a juicio. Sin embargo, estas cifras no han sido actualizadas y no existe transparencia sobre la ausencia de información.

“Linda ha impulsado generosamente debates y cambios para garantizar los derechos a vivir libres de violencia para todas las mujeres de Venezuela”, resaltó Liliana Ortega, abogada de la ONG Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (Cofavic).

“Ella es un ejemplo de valentía, resiliencia y persistencia, y una defensora de derechos de las mujeres de merecido reconocimiento dentro y fuera de Venezuela”.

Perdón, pero no mucho 

Larry Devoe, representante del Estado venezolano ante la corte pidió perdón en nombre del gobierno de Nicolás Maduro y lamentó la terrible tragedia que padeció Linda Loaiza. Sin embargo, insistió en que el Estado solo reconoce una responsabilidad parcial ante el caso, puesto que la familia no hizo lo suficiente para denunciar ante los organismos competentes.

López Soto y sus representantes le solicitaron a la corte que fallara en contra del Estado venezolano para que ordene una reparación de forma íntegra a Linda y a sus familiares; la publicación de datos desglosados sobre la violencia basada en género, a modo de que sea información accesible para el público y revele la prevalencia de los delitos asociados con la violencia basada en género, y su procesamiento por el sistema penal; y diseñar, en conjunto con sociedad civil y víctimas, protocolos para guiar la investigación penal de denuncias de violencia sexual, y también para guiar una atención médica adecuada. Se espera que la sentencia se publique entre seis meses a un año, pero antes, la defensa y el Estado venezolano tendrán un mes para desarrollar sus alegatos. (Con información de la ONG Cejil)

 

 
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