Jueves, 10 Agosto 2017 00:00

La dictadura tiene en la mira a 23 alcaldes opositores

 
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El régimen continúa esparciendo su política de miedo y represión contra quienes piensan distintamente El régimen continúa esparciendo su política de miedo y represión contra quienes piensan distintamente Foto Archivo

La Mesa de la Unidad Democrática advierte que, con procesos abiertos, en los próximos días el régimen de Nicolás Maduro podría continuar la racha de esta semana que comenzó con la condena de Ramón Muchacho. La CEV llama a cesar la cacería política.

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La oposición venezolana denunció que 23 alcaldes tienen causas judiciales abiertas y que podrían ser destituidos, como ocurrió esta semana con dos jefes municipales del este de Caracas: Ramón Muchacho y David Smolansky.

El alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, dijo que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) busca la salida anticipada de los alcaldes, dentro de un “golpe continuado a la voluntad popular”.

“Han buscado caminos distintos a los legales para producir salida anticipada de alcaldes de cada uno de los cargos”, señaló en una rueda de prensa horas después que el alcalde de El Hatillo, David Smolansky, fuera destituido y condenado a 15 meses de prisión.

El TSJ acordó la medida al considerar que Smolansky no acató la orden de contener las protestas contra el Gobierno en su municipio, que se han multiplicado con bloqueos de vías. En otras palabras, Smolansky es un preso de la dictadura por negarse a reprimir.

Blyde, abogado constitucionalista, afirmó que ya varios alcaldes han sido destituidos desde 2014 y en el último mes van cuatro sacados de sus cargos por el TSJ.

Muchacho, el primero (de la semana)

Además de Smolansky, esta semana fue destituido el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho. Estos se suman al burgomaestre de la localidad de Lechería, en el estado Anzoátegui, Gustavo Marcano; y el de la ciudad occidental de Barquisimeto, Alfredo Ramos, quien se entregó a la justicia y está preso.

Todas las causas se debieron a la negativa de reprimir las protestas contra el Gobierno e impedir los bloqueos. Marcano, Muchacho y Smolansky no se han entregado a la justicia.

“No vamos a impedir las protestas, no lo hemos hecho ni lo haremos, pese a poner en riesgo nuestros cargos. Estos cargos son del pueblo, no de quien los ocupa. Vamos a seguir al frente hasta tanto nos dejen seguir”, recalcó Blyde. “¿Esa es la paz de que habla (el presidente) Nicolás Maduro?”, preguntó.

 “Han buscado caminos distintos a los legales para producir salida anticipada de alcaldes de cada uno de los cargos”, indicó Gerardo Blyde, alcalde de Baruta.

Sin intención de parar

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional legítima y portavoz de Voluntad Popular, Freddy Guevara, advirtió junto a Blyde que la medida contra Smolansky “no tiene intención de parar ahí”.

“Sigue la intención de acusar, de amenazar para destituirlos y apresarlos. Esto es demostración de lo que dijo el dictador Nicolás Maduro de que lo que no lograron con votos lo lograrán con las balas. Como no han podido ganar esas alcaldías, usan la complicidad del TSJ para destituir y perseguir”, aseveró.

barra ama100VERTICAL ComillasAMARILLASEsto es demostración de lo que dijo el dictador Nicolás Maduro de que lo que no lograron con votos lo lograrán con las balas”, recordó el diputado Freddy Guevara.  

Smolansky, dirigente del opositor partido Voluntad Popular de Leopoldo López, rechazó la sentencia y pidió a su municipio continuar con las manifestaciones callejeras.

“El régimen sabe que en Caracas, El Hatillo ha sido bastión de lucha por recobrar nuestras libertades y refundar la democracia, ya hemos visto lo que sucedió con la sentencia del TSJ que es el paredón político de los alcaldes de la Unidad”, dijo en un mensaje grabado.

“No tengo duda que me persiguen y condenan porque tengo la legitimad y el respaldo popular en mi municipio que deseara tener Maduro en Venezuela. Nuestra gestión es la mejor del país gracias a un trabajo transparente, eficiente y comprometido con los hatillanos”, señaló.

“Cesar la cacería”

La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) exige a las instancias públicas cumplir con las garantías de los derechos de los presos políticos y comunes, y el deber de restablecerlo sin demora, evidenciada en las denuncias de familiares y del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

“Cese la cacería de bruja contra los ciudadanos que piensa distinto al régimen” demanda la CEV en un comunicado publicado en su página web. Además de solicitar que se le informe a la familia del general Raúl Isaías Baduel su paradero y estado de salud.

“La responsabilidad que deriva del incumplimiento en la garantía de estos derechos que son universales y las acciones penales consecuentes son imprescriptibles, motivos por los cuales esta comisión eclesial exige el cese de la persecución, a la tortura física y psicológica que traduce saña y violencia con estos ciudadanos”.

La Iglesia invita a los hombres y mujeres, no solo a orar por los que sufren sino por los que vulneran estos Derechos Humanos y denunciar públicamente a los funcionarios que los violen, para trabajar por el restablecimiento de un equilibrado Estado que garantice los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna aún vigente. (DPA | El Carabobeño)

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